INICIATIVA MEXIQUENSE BUSCA SANCIONAR FILTRACIONES QUE VIOLENTEN DERECHOS DE LAS VICTIMAS Y SUS FAMILIARES

Toluca, Estado de México, 06 de abril de 2021.- Sancionar con mayor severidad a los servidores públicos encargados del sistema de procuración y administración de justicia que  filtren contenido en detrimento de los derechos de niñas, mujeres y otros grupos vulnerables en el Estado de México, es el planteamiento de la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por la diputada local por el distrito 28, Beatriz García Villegas.

La iniciativa expuesta este día ante la Sexagésima Legislatura mexiquense pretende reformar el Artículo 353 del Código Penal del Estado de México, sobre los Delitos Cometidos por las y los Servidores Públicos de la Procuración y Administración de Justicia.

Durante la exposición de motivos y en presencia de Marisol Juárez Cortés –madre de Christy Mary Lee Villegas Juárez–  la legisladora del grupo parlamentario del partido Morena recordó el caso de Christy, adolescente cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el 26 de diciembre de 2020 en un terreno del municipio mexiquense de Juchitepec. Las fotos del cuerpo de la menor; así como, la portada de una presunta carpeta de investigación fueron filtradas y expuestas en diferentes portales digitales de algunos medios locales.

Para la legisladora mexiquense, las filtraciones son una práctica reiterada cometida por servidores públicos del sistema de procuración de justicia, y a pesar de estar obligados a integrar y conservar la cadena de custodia de la investigación, ello no ha obstaculizado que incumplan sus obligaciones legales con el objetivo de recibir alguna compensación económica por la filtración de imágenes o información o evidencia “en favor de terceros o de cualquier persona que resulte interesada en el uso adverso de los datos o elementos probatorios relacionados con algún proceso penal.”

A través de esta iniciativa que busca modificar el Código Penal mexiquense, la propuesta está encaminada a reducir las filtraciones cometidas por los servidores públicos y que resultan en la revictimización de las víctimas de cualquier delito, y sus familias; así como, los posibles agravios en contra de los imputados de algún hecho considerado como delito.

Foto: Cámara de diputados del Estado de México